Las organizaciones de primera respuesta - OPR en general, se están viendo enfrentados a nuevos retos y desafíos a fin de lograr mantener su posición, su efectividad, sostenibilidad de imagen y contribuciones que como “Gestores de Ciudad” deben ofrecer a la sociedad que sirven, siendo la mas compleja, la de trabajar multisectorialmente de cara a ser mas efectivos, reducir la duplicación de esfuerzos y lograr acciones conectadas y colectivas.
La realidad es que las ciudades y sus particularidades físicas, constructivas, ambientales, económicas, demográficas, culturales y políticas, se relacionan y se modifican permanentemente a través de procesos territoriales, sociales y económicos que en ellas se desarrollan, y estos a su vez, interactúan de forma sistémica con su vulnerabilidad. Por otro lado, las organizaciones que tienen la responsabilidad de dirigir, administrar y servir a la ciudad, trabajan irónicamente de forma segmentada, quedando evidenciado que la desconocen integralmente.
Gestor de Ciudad
Institución que centra su servicio, en liderar de forma consciente y profesional su misionalidad, pero también, como comunicador, capaz de trabajar eficazmente en equipo con organismos afines en beneficio de la comunidad para la que trabaja; fomentando el pensamiento estratégico que asegure el acercamiento y confianza con la comunidad, potenciando su relación con ella, como uno más de los servicios que presta.
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En ese sentido, un aspecto que no debemos perder de vista, es que hoy día, los ciudadanos tienen más que nunca, accesos a redes sociales – RRSS, información en la web que les da una capacidad de influir en la actividad política, económica y social, por ende, las instituciones públicas se encuentran con ciudadanos (clientes) bastante informados que se convierten en un gran reto para las OPR, tanto en la entrega de un servicio de calidad, como en su comportamiento y relación con la comunidad que protegen.
Esta reconfiguración de la sociedad pasiva a la sociedad diligente, con mayor acceso a los medios y a la información, genera para los OPR exigencias que antes no existían y que están vinculadas a la relevancia que adquiere la gestión de información, ante esa ciudadanía más activa y participativa, que ostenta alto grado de influir en la generación de políticas públicas, en beneficio o detrimento de los OPR.
Este escenario plantea a los diferentes gestores de una ciudad, la necesidad de trabajar sistemáticamente para generar, reunir, medir y contar con acciones y herramientas que permitan perfilar datos y realidades del territorio que está bajo sus respectivas responsabilidades, analizarlos y convertirlos en información, que al ponerla a disposición en un formato útil y práctico para uso de las instituciones, asegure la base de información que facilite, afine, modele y perfeccione la forma de entender la ciudad y su dinámica de manera integral.
De esta manera se facilita la detección de indicios y tendencias que van a ser aliados para los gestores de ciudad, permitiéndoles anticiparse y prepararse ante las demandas que surgen de las interacción, relaciones y necesidades que se produce recíprocamente, entre la gente y el contexto con el que interactúan, relación que como es conocido, se modifica y se ajusta permanentemente.
Esta relevancia que cobra la información obliga a las instituciones a contar con bases para tomar decisiones con menor incertidumbre, a predecir con mayor eficacia, pautar acciones con mayor asertividad y trabajar con variables específicas que le proporcionen elementos de juicio prospectivo para evaluar de forma efectiva la mejor decisión a tomar.
En definitiva, crear modelos sobre los que basen sus decisiones para predecir e identificar factores relevantes a su gestión, estudiar el impacto de los escenarios identificados, así como detectar las variables que indiquen necesidad de cambio en los valores y estrategias utilizadas.
Es utilizar la gestión de información y la participación de la comunidad, como una herramienta diferenciadora en el marco del contexto en que se desenvuelve y deben servir, obteniendo de allí las competencias que le van a ser necesarias para aproximarse a una solución que satisfaga las necesidades tanto de lo construido y funcional como de la ciudadanía, creando a su vez confianza y lealtad entre la comunidad y la autoridad de manera estratégica.
Uno de los beneficios que se pudiera obtener de ese proceso de gestión de información, es el de poder evaluar necesidades institucionales en materia de recursos (operativos, funcionales y talento humano etc.) atendiendo al costo-beneficio correspondiente a cada curso de acción.
Los desastres como ya lo han confirmado expertos en el tema, son en realidad expresiones de riesgo construidas social e históricamente, y por tradición, se le ha otorgado mayor relevancia a los “grandes desastres” (manifestaciones INTENSIVAS del riesgo[1]). El tema es, que los expertos y observadores del tema, han constatado una realidad, donde los eventos de pequeña y mediana magnitud (cotidianos y/o estacionales) pero con gran cobertura territorial y una frecuencia mucho mayor (manifestaciones EXTENSIVAS del riesgo) generan procesos acumulativos de daños y perdidas de vida, superiores a las intensivas.
Este es un tema que constituye una de las mayores responsabilidades de la administración de los OPR, que se encuentra enmarcada en la complejización y crecimiento de nuestras ciudades en cada uno de sus componentes (suelo urbano, precarización, sistema vial, equipamiento urbano, Infraestructural, servicios, crecimiento poblacional, etc.), donde es determinante el costo de las actividades operativas en correspondencia al rendimiento de la inversión realizada, en virtud de sus obligaciones legales y misionales, así como de su contribución a la generación de resultados de las políticas públicas existentes.
Así que la gestión de información una vez más se convierte en un tema de prioridad institucional, para abordar el análisis del costo-beneficio en la inversión que pueda ser requerida para las actividades operativas de los OPR, donde es necesario enfatizar en la clasificación para el territorio que se protege de las manifestaciones de riesgo intensivo y extensivo como escenarios posibles a los cuales hay que priorizar en función de capacidades institucionales, realidades presentes, oportunidades concurrentes, disponibilidad funcional y sostenibilidad.
En tal sentido, la necesidad de contar con metodología y criterios claros, que permitan establecer parámetros de relevancia, capacidades, necesidades especiales como acuerdos de mancomunidad o protocolos y convenios interinstitucionales, que puedan asegurar los niveles de atención y apresto operacional requeridos ante estos dos tipos de manifestaciones y/o escenarios.
[1] https://www.unisdr.org/files/48578_impactodesastresamericalatinacar... - Pag 33 Perdidas y Daños Acumulados 1990-2013
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