Una operación simultánea dirigida por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI y coordinada directamente por el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes y su unidad de Alta Complejidad, permitió la captura esta madrugada de 11 personas vinculadas directamente con el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, quienes fallecieron calcinados la madrugada del 4 de enero del 2013 tras ser atacados por desconocidos que incendiaron su casa en su fundo en Vilcún.
Hasta ahora el único condenado por el crimen era Celestino Córdova, quien ya cumple una condena de 18 años de cárcel. Según información recogida por Qué Pasa se trata de una operación que venía trabajándose en extremo sigilo desde hace varios meses. La primera pista la dio uno de los detenidos, cuya confesión habría permitido la captura de los otros diez implicados, varios de ellos activistas importantes de la causa mapuche. Todos ellos con domicilio en comunidades los sectores Lleupeco Tres Cerros y Rahue en la comuna de Vilcún. Se trata de una zona aledaña a la Granja Lumahue, lugar donde vivían las víctimas al momento de su muerte.
Se supo que entre aprehendidos están la machi Francisca Linconao y Luis Tralcal Quidel. La primera ya había sido detenido y formalizada por tenencia de armas y vinculada al caso, pero terminó siendo absuelta tras lo cual presentó una demanda contra el Estado de Chile. Tralcal Quidel es un comunero sindicado como uno de los líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y pertenece a la comunidad Lof Lleupeco.
Los 11 aprehendidos serán formalizados esta mañana en el Juzgado de Garantía de Temuco por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista y el Ministerio Público presentará pruebas que los vincularían en la participación directa del atentado. Hasta el tribunal también debería llegar el jefe de la Unidad Jurídica del ministerio del Interior, Luis Corre Bluas, para querellarse por el mismo delito que imputará el Ministerio Público. Correa, además, ejercerá como Subsecretario de Interior subrogante.
Se trata del mayor golpe policial del caso, que podría tener serias repercusiones políticas y judiciales, justo después de varios meses complejos en la zona, donde se han producido una seguidilla de atentados y ataques incendiarios a fundos, parcelas y maquinaria forestal.
La Subsecretaría del Interior informó sobre los pasos a seguir por parte del gobierno a través de su cuenta oficial de Twitter.
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