A un año del hecho se debe recordar que más allá de las políticas criminales hay personas que merecen dignidad.
por Ana María Morales - 08/12/2011 - 04:00
SE CUMPLE un año desde la mayor tragedia carcelaria de nuestro país, donde fallecieron 81 personas que se encontraban recluidas. Dicho evento permitió remecer las conciencias de la ciudadanía y del mundo político, al reflejar la precariedad de las condiciones carcelarias. Lo anterior posibilitó que se abriera la puerta para discutir acerca de las herramientas penales disponibles y cuestionarse el uso de la pena privativa de libertad como respuesta por excelencia.
Así, se comenzaron a discutir en el Congreso iniciativas tendientes a racionalizar el uso de la pena privativa, regulando la posibilidad de sustituir el no pago de una multa por servicios en beneficio de la comunidad y a regular un indulto conmutativo en determinadas hipótesis. A lo anterior se agregó la elaboración de un plan carcelario tendiente a abordar el déficit de recintos existentes. Sin embargo, todavía no es posible ver los resultados de estas iniciativas. Es claro que los tiempos legislativos y de ejecución pública no necesariamente van de la mano con las urgencias que requieren estas materias. Lo que resulta preocupante es el surgimiento de algunas iniciativas que precisamente van en el sentido opuesto de aquellas anteriormente expuestas y que hacen que las buenas intenciones no vayan a concretarse en el efecto deseado relativo al uso racional de la cárcel.
Un ejemplo de esto lo encontramos en la iniciativa emprendida por un grupo de académicos, junto a algunos ex operadores del sistema de justicia, que busca ampliar los espacios de discrecionalidad policial, y a su vez restringir la actuación de los fiscales. La propuesta busca una vez más rigidizar la prisión preventiva, estableciendo que se considerará un peligro para la sociedad el que una persona haya sido sometida anteriormente a una medida cautelar, haya reconocido su responsabilidad, haya sido suspendida condicionalmente o haya aceptado un acuerdo reparatorio por delitos de la misma especie o gravedad; situaciones que como bien precisa Héctor Hernández en otra columna, por definición, implican que los sujetos no han sido condenados.
De ser implementadas medidas como las citadas, impactarán en el sistema penitenciario. Basta observar las cifras del Ministerio Público para darse cuenta que anualmente se decretan más de 78 mil medidas cautelares y más de 200 mil salidas alternativas. De prosperar iniciativas como las expuestas, esto implicará que si estas personas vuelven a transitar por el sistema penal, seguramente irán a parar al sistema carcelario en calidad de imputadas, el que probablemente se mantendrá tal cual lo conocemos y que deberá nuevamente absorber a una población penal no considerada. Ello mantendrá el círculo de hacinamiento, sobrepoblación y altas tasas de reclusión que nos ha caracterizado.
A un año de la citada tragedia carcelaria, parece necesario recordar los efectos que estas políticas criminales producen en el sistema penitenciario y entender que detrás de esas propuestas hay personas, que no obstante su falta de fidelidad a las normas, merecen ser tratadas dignamente.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2011/12/89...
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