Corte Suprema le niega indulto a reo que salvó a varios compañeros de morir en incendio / Honduras

[CREADOR DE LA RED]

 

La resolución fue adoptada por la defensa pública debido a que Marco Antonio Bonilla no llena los requisitos para recibir la conmutación.

 

Una de las razones por la que el Ejecutivo impulsa el tema del indulto es para descongestionar las cárceles a nivel nacional.

TEGUCIGALPA,

Honduras

El privado de libertad Marco Antonio Bonilla Ávila, alias “El Chaparro”, no tiene oportunidades legales para salir del centro penal de Comayagua.

Hace unos días el presidente Porfirio Lobo Sosa prometió el martes un indulto para este recluso , tras ser considerado como héroe por salvar a unos 300 compañeros del incendio. Según las circunstancias actuales, “El Chaparro” no puede ser beneficiado con el indulto ni libertad condicional, según concluye la Defensa Pública, instancia de la Corte Suprema de Justicia.

“De la información recabada en la Defensa Pública se ha llegado a la conclusión que por los presupuestos o requisitos que establece la Ley de Indultos y Conmutas, no le procede lo que es el indulto ni la libertad condicional dado que por el tipo de delitos de que esta persona, Marco Antonio Bonilla, llamado “El Chaparro”, no le procede porque en el año 1997 fue condenado por asesinato y en 2006 tiene un delito por homicidio, robo y lesiones”, expresó Anaim Orellana, coordinador de la Defensa Pública.  Esta ley prohíbe otorgar un indulto a privados de libertad acusados y condenados por delitos graves.

Además, no procede la libertad condicional dado que de acuerdo a su situación legal el Código Penal se lo prohibe.

La Defensa Pública remitirá un dictamen a Lobo Sosa, para que adopte lo que legalmente estime pertinente.

A “El Chaparro” le asiste la posibilidad que el Ejecutivo solicite una reforma a la Constitución y la Ley de Indultos y Conmutas, para darle un beneficio de libertad a este imputado como a los que se podrían dar a futuro en casos que sean catalogados como héroes, indicó.
Desidia
Es mínima la población penitenciaria a la que se le concede un indulto.

Desde el año 2009 la Defensa Pública presentó al Poder Ejecutivo 358 solicitudes de indulto.

“En estos momentos solo hay 27 peticiones resueltas, de un universo de 358 que han sido presentados”, informó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda.

Para otorgar un indulto, el privado de libertad tiene que cumplir más de la mitad de la condena, no estar acusado por delitos graves y tener buena conducta.

Al menos 540 reos aguardan por la conmutación de su pena, según datos de la Secretaría de Gobernación e Interior.

Pese a posible arreglo, no descartan demandas

La Alianza por los Derechos Humanos, conformada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos no descartan acciones legales contra el Estado de Honduras aún y cuando el gobierno llegue a un arreglo extrajudicial con los familiares de las víctimas de Comayagua.

“Ante el ofrecimiento que ha hecho el gobierno de un arreglo amistoso con los familiares, reconociendo implícitamente su responsabilidad en los hechos ocurridos en la granja penal de Comayagua, señalamos que ese proceso de reparación debe ser justo; sin perjuicio de las acciones legales, nacionales e internacionales que quieran interponer los familiares que no acepten dicho arreglo”, dicen los organismos en un comunicado. La Alianza pide “que los distintos informes que se presenten reúnan criterios técnicos y científicos; sustentados en una investigación imparcial, objetiva y transparente, de forma tal que distintas entidades especializadas puedan contrastarlos”.

“No se puede ocultar la desconfianza que existe por la mayoría de la población frente al Ministerio Público, la Policía y del mismo gobierno; esto exige mayores esfuerzos para que la verdad sea conocida y no ocultar si hubo o no responsabilidad por acción u omisión por la autoridades responsables de salvaguardar la vida de los privados de libertad”, dice. Respecto al anunciado indulto, los organismos de derechos humanos, esta medida debe ser vista “como una acción de justicia social más que como el mero hecho de reducir la población carcelaria”.

“Que el Poder Judicial asuma su responsabilidad de saldar la mora judicial que genera todo tipo de injusticias e impacta negativamente en la sociedad y en la economía del Estado”.

 

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Corte-Supre...