Un bombero durante las labores de extinción del incendio declarado en la Cueva de los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara). / EL MUNDO
10 JUL 2015
Diez años del incendio de Guadalajara: no aprendemos
El 16 de julio de 2005 se originó un fuego en el noroeste de la provincia de Guadalajara, en la comarca de Riba de Saelices, que acabó segando la vida de 11 miembros de un retén y calcinando más de 13.000 hectáreas. Ninguno de los que vivimos aquella espantosa experiencia -en mi caso, como periodista- podemos olvidar el escenario pavoroso del avance de las llamas; la cólera desatada contra unos políticos incapaces; el resuello de quienes siguieron trabajando después de enterrar a su compañeros; y la sequedad y angustia que provocaba contemplar el paisaje devastado en los pinares del Ducado.
Han pasado diez años de aquella tragedia. El calor sofocante y la humedad fatigosa de estos días permiten evocar la furia de un incendio que tardó una semana en ser apagado. Hubo tristeza y desolación. Hubo también un zumbido de dolor que atizó la apacible vida de una comarca trocada en un mar de cenizas. Antes de que el incendio fuera extinguido, ya se había desatado una atronadora disputa política. El "Prestige de Zapatero", simplificaron desde la entonces oposición popular.
La gestión del incendio fue una monumental calamidad por parte de los mandos socialistas. A todos los niveles, pero sobre todo en el regional. Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y de la Delegación Provincial reaccionaron tarde y mal, y sólo elevaron el nivel de alerta que implicaba solicitar ayuda estatal cuando se confirmaron los once fallecidos. La Junta de Castilla-La Mancha, en una mezcla de incompetencia e indolencia, minusvaloró el incendio en las primeras horas y no atendió debidamente las quejas que llegaban desde los pueblos afectados, tal como luego reveló la desclasificación de las llamadas al teléfono de emergencias 112.
El 112 recibió el primer aviso el sábado 16 de julio a las 14:44 horas, pero no fue hasta el domingo a las 20 horas cuando se activó el nivel 2 de Emergencias. Entre medias se desató un infierno en el que toda una comarca se vio movilizada para apagar un fuego casi a palos. La ira se convirtió en indignación. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ofreció su ayuda y el ministro de Defensa, José Bono, envió cinco aviones para participar en los trabajos de extinción. Nunca olvidaré el rostro ojeroso de un Barreda completamente desbordado cuando en la mañana del lunes 18 de julio anunció, delante de toda la prensa nacional, que el fuego avanzaba sin control.
Carente de reflejos y de coraje político, el ex presidente castellano-manchego dio todo un recital de cómo no se debe gestionar una crisis. La torpeza de su gobierno se cobró la dimisión de Rosario Arévalo, consejera de Medio Ambiente, además de otros altos cargos de la Junta. Estas salidas no calmaron la exigencia de depuración de responsabilidades.
El incendio de Guadalajara, que abrió todos los informativos y portadas de la prensa de aquel fin de semana, generó un reguero de políticos, técnicos y excursionistas imputados en una fase de instrucción excesivamente larga. La Audiencia Provincial de Guadalajara determinó que el origen del fuego se debió a una barbacoa ubicada al pie de la Cueva de los Casares (Riba de Saelices), y condenó en 2012 a dos años de prisión y a pagar 10 millones de euros de indemnización a Marcelino H.S., el único excursionista considerado responsable del suceso.
Las consecuencias de este episodio generaron una enorme cicatriz en la sociedad de Guadalajara que sacudió la política en Castilla-La Mancha y zarandeó -casi literalmente- a la vicepresidenta Fernández de la Vega, el único miembro del Gobierno que se brindó a dar la cara hasta el punto de que casi se la rompen en Alcolea del Pinar.
Zapatero prometió a los alcaldes de la zona del Ducado y del Alto Tajo un plan para regenerar los montes quemados -sin dar cifras- y algunas infraestructuras de postín que jamás se cumplieron: la Autovía a Teruel, que atraviesa la Tierra de Molina desde Alcolea hasta el límite con Aragón, y un Parador de Turismo en Molina de Aragón, la capital de una comarca castigada por la despoblación y la ausencia de inversiones.
La falta de concreción en las ayudas y la farsa de la comisión de investigación en las Cortes de Toledo acabaron ahondando el encono de la mayoría de los familiares de las víctimas con el Gobierno regional. PP y PSOE acordaron después una ley de caso único que permitió indemnizar a las familias: 42.700 euros para los hijos menores de edad y 102.500 euros destinados a las viudas. Seis de las once familias afectadas recogieron las Medallas de Oro de la región de manos de Cospedal en 2012. Las mismas medallas que seis años antes habían rechazado cuando se las ofreció Barreda.
Podría decirse, dada su magnitud y las miserias políticas que acarreó, que el incendio de Guadalajara marcó un antes y un después. No es verdad. Generó un impacto considerable en la opinión pública que traspasó la linde local por el elevado número de víctimas. Pero en lo sustancial nada ha cambiado con relación a la gestión de los incendios forestales.
En Castilla-La Mancha se prohibió hacer fuego en el bosque y en las barbacoas habilitadas, adaptando así lo que ya recogían las normas estatales. También se creó la UME, la unidad militar de emergencias, un empeño personal de Zapatero. En cambio, los fuegos siguen abordándose como sucesos, la estrategia de prevención brilla por su ausencia y las dotaciones de equipos antiincendios merman año tras año.
Varios informes de CCOO y UGT cifran en un 30% de media el tajo asestado a los efectivos dedicados a luchar contra los incendios, aunque en algunas comunidades autónomas puede alcanzar el 50%. Sin ir más lejos: la empresa pública Geacam, en Castilla-La Mancha, lleva sufriendo recortes de personal desde 2011, justo cuando arrancó la legislatura. Cospedal blandió el incendio de Guadalajara en su campaña, pero no elevó el presupuesto ni la dotación de medios. Al contrario, Geacam ha sufrido varios expedientes de regulación que se han llevado por delante cientos de puestos de trabajo.
La situación no difiere de la que presentan Andalucía, donde se ha suprimido -de media- un retén por provincia y se han ajustado un 25% las plantillas; ni Castilla y León, que invirtió 193 millones de euros en esta partida en 2014, 21 menos que el año anterior. Tampoco Cataluña se libra: hace tres años, cuando se vio sacudida por varios incendios en el Alt Empordà que arrasaron 14.000 hectáreas, la Generalitat rebajó un 34% los fondos destinados a bomberos y planes de prevención. La situación es extrapolable a casi todas las autonomías.
Los profesionales de la gestión forestal llevan lustros alertando de que el problema no sólo es la mengua presupuestaria. Falta también trabajar más en el terreno de la concienciación y, sobre todo, no esperar cada año para tomar medidas. Los montes siguen sin cuidarse en invierno ni primavera, y la despoblación del medio rural se convierte en un factor letal para la conservación del entorno.
En este contexto, el PP aprobó el miércoles -con el apoyo de UPyD y UPN- una reforma de la Ley de Montes que permite a las autonomías recalificar zonas forestales quemadas "cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden". Se trata de un cambio de calado que da alas a los pirómanos y va justo en la dirección contraria que recomiendan los técnicos y las organizaciones conservacionistas. La ley no define qué es "interés público", lo que deja vía libre para la especulación. Supone, en la práctica, revocar la prohibición genérica de construir en las zonas quemadas durante 30 años que se incluyó en la Ley de Montes de 2006, cuando Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente.
Greenpeace acaba de emitir un documento, titulado El verano que no queremos que ocurra, en el que ofrece una serie de consejos para prevenir los incendios y advierte del peligro que suponen las chispas fortuitas de las cosechadoras, los fenómenos derivados del calentamiento global, la delgada línea que separa la superficie forestal de las urbanizaciones y la precarización laboral del colectivo dedicado a las tareas de extinción. Al Gobierno, todo esto le debe parecer aún poco y quizá por eso ha decidido recuperar el perfume legal que permitió tachonar de casas la costa española.
Resulta triste, por no decir descorazonador, comprobar lo poco que hemos aprendido durante los últimos años.
Los caídos en el incendio de Guadalajara eran en su mayoría chavales veinteañeros que se enrolaron al retén para sacarse un dinero en verano. Murieron defendiendo el bosque. Murieron también porque se vieron expuestos a unas condiciones de trabajo impropias en un país cuya superficie forestal frisa los 28 millones de hectáreas. No parece que hayamos aprendido mucho en una década. No existe el riesgo cero. Pero, ¿cuántos años y cuantos dramas hacen falta en España para tomarse en serio la lacra de los incendios?
Fuente: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/fueradelinea/2015/07/10/diez-an...
